UPOV Y CONTAMINACIÓN TRANSGÉNICA PRIVATIZARÁN LAS SEMILLAS CAMPESINAS
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Ecologistas lanzan maíz transgénico en Asamblea Legislativa para denunciar la presencia de este tipo de granos en el país
Como una forma de llamar la atención de la ciudadanía sobre los peligros que implica el aprobar la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-1991), decenas de ambientalistas costarricenses lanzaron hoy martes maíz transgénico en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados no votar ese proyecto de ley, el cual es un requisito del TLC pero pone en peligro el conocimiento criollo de los campesinos e indígenas costarricenses.
La contaminación transgénica sobre las variedades de semillas nativas no es un hecho casual. Es precisamente una estrategia corporativa para que miles de agricultores que hoy guardan sus propias semillas empiecen a depender de las variedades monopolizadas con obtenciones vegetales y patentes del sector agroindustrial.
Es importante recordar que una semilla transgénica es aquella que fue manipulada genéticamente en un laboratorio y que jamás hubiese podido surgir de forma natural.
Estas semillas gozan de propiedad intelectual por parte de los laboratorios que las desarrollan, por lo cual si un campesino quiere usarlas deberá pagarle a la empresa “dueña” de esas semillas una cantidad de dinero para poder utilizarlas en sus tierras.
La convergencia en el campo entre las leyes de obtenciones vegetales y las nuevas biotecnologías en semillas (semillas transgénicas, farmagénicas entre otras) plantean un escenario muy lamentable sobre los derechos más elementales de los agricultores.
Como una forma de llamar la atención de la ciudadanía sobre los peligros que implica el aprobar la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-1991), decenas de ambientalistas costarricenses lanzaron hoy martes maíz transgénico en las afueras de la Asamblea Legislativa para pedir a los diputados no votar ese proyecto de ley, el cual es un requisito del TLC pero pone en peligro el conocimiento criollo de los campesinos e indígenas costarricenses.
La contaminación transgénica sobre las variedades de semillas nativas no es un hecho casual. Es precisamente una estrategia corporativa para que miles de agricultores que hoy guardan sus propias semillas empiecen a depender de las variedades monopolizadas con obtenciones vegetales y patentes del sector agroindustrial.
Es importante recordar que una semilla transgénica es aquella que fue manipulada genéticamente en un laboratorio y que jamás hubiese podido surgir de forma natural.
Estas semillas gozan de propiedad intelectual por parte de los laboratorios que las desarrollan, por lo cual si un campesino quiere usarlas deberá pagarle a la empresa “dueña” de esas semillas una cantidad de dinero para poder utilizarlas en sus tierras.
La convergencia en el campo entre las leyes de obtenciones vegetales y las nuevas biotecnologías en semillas (semillas transgénicas, farmagénicas entre otras) plantean un escenario muy lamentable sobre los derechos más elementales de los agricultores.
Fabián Pacheco, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), aseguró que “la contaminación transgénica es una realidad confirmada. La semilla campesina al ser polinizada con construcciones transgénicas privatizadas se convertirá en material corporativo, es decir, que tendrá un precio que deberá pagar el campesino”.
Este cruce convierte a nuestras variedades locales en material protegido bajo propiedad intelectual y patentes y, de esta forma, nuestras semillas criollas pasan a ser ilegales.
El polen y las semillas viajan con el viento, personas, insectos y animales. La contaminación transgénica es inevitable y esto sumado a la mercantilización de la diversidad agrícola por medio de leyes de semillas es el instrumento perfecto para la destrucción de las formas más tradicionales de agricultura.
De agricultores a delincuentes
La Ley de Protección de Obtenciones Vegetales, Expediente Legislativo Nº 16.327 (Convenio UPOV) establecería medidas cautelares (que se aplican sin una sentencia previa) contra los agricultores que usen semillas que son “propiedad intelectual” de una empresa transnacional sin haber pagado los derechos.
Estas medidas van desde la suspensión de la siembra, embargo de semillas o frutos, suspensión de exportaciones e importaciones y el pago de una fianza de garantía sin haber demostrado la culpabilidad de un agricultor.
Según Pacheco, “la única forma que tendrán los agricultores de resolver sus problemas de responsabilidad penal será destruir sus propias semillas; porque no hay manera de que los agricultores puedan distinguir entre semillas contaminadas y no contaminadas” concluyó.
El movimiento popular ecologista constituido como BLOQUE VERDE realiza con esta acción “un vehemente llamado a la Asamblea Legislativa a proteger a nuestros agricultores y semillas. Exigimos la no ratificación del convenio UPOV-1991” una de las 13 leyes de la agenda de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.
“Las semillas no son mercancía, son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad”
